El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 403-2026, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos para que las instituciones públicas compartan información de forma segura, reduzcan duplicidades y faciliten servicios al ciudadano.
Un paso político hacia un Estado más conectado: el Poder Ejecutivo emitió el Decreto núm. 403-2026, mediante el cual establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública. La medida busca transformar la forma en que las instituciones del Estado dominicano intercambian información, documentos electrónicos y eventos interoperables para ofrecer servicios públicos más ágiles, seguros e integrados.
¿Qué significa interoperabilidad para el ciudadano?
En términos simples, interoperabilidad significa que las instituciones públicas puedan comunicarse entre sí sin obligar al ciudadano a llevar una y otra vez los mismos documentos. El decreto plantea reducir la duplicidad documental y la carga administrativa para ciudadanos, empresas y servidores públicos, además de habilitar servicios digitales integrados y proactivos.
MAP y Ogtic tendrán roles clave
El Ministerio de Administración Pública, MAP, será el órgano responsable de dictar lineamientos, normas, estándares y protocolos funcionales de interoperabilidad y gobernanza de datos. Además, deberá supervisar el cumplimiento del decreto y coordinar el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos. Por su parte, la Ogtic asumirá la operación técnica del marco y de la Plataforma Única de Interoperabilidad.
Identidad, JCE y protección de datos
Uno de los puntos más sensibles del decreto es la validación de identidad. La disposición ordena que los procesos y servicios públicos que necesiten consultar o verificar información de identidad deberán desarrollarse en coordinación con la Junta Central Electoral, respetando sus competencias legales y constitucionales. También establece que la información obtenida por interoperabilidad con el Registro Civil solo podrá usarse para fines legítimos, previamente determinados y compatibles con las competencias de la institución solicitante.
¿Por qué este tema importa al país?
La medida tiene impacto político porque toca eficiencia del Estado, transparencia, confianza ciudadana, protección de datos personales y modernización institucional. Si se implementa correctamente, podría simplificar procesos que hoy consumen tiempo, dinero y paciencia: certificaciones, validaciones, trámites empresariales, servicios sociales, solicitudes administrativas y gestiones vinculadas a identidad.
Para el turismo interno y los servicios al visitante, un Estado más interoperable también puede facilitar procesos asociados a permisos, registros, información territorial, estadísticas, servicios digitales y atención ciudadana. La clave estará en que la implementación sea segura, auditable y realmente centrada en el usuario, no solo en la tecnología.