Un menor logró salir de un establecimiento que no estaba autorizado para funcionar como hogar de acogida y acudió a la Policía. Su denuncia desencadenó dos allanamientos, el rescate de otros niños y una investigación por presunto maltrato físico, psicológico y trabajo forzado. Este jueves, dos hombres enfrentan una solicitud de prisión preventiva.
Una fuga terminó abriendo una investigación mucho mayor
El caso comenzó cuando un menor logró salir de la Fundación Restaurando Vida, Un Muerto que Revive, ubicada en Bajos de Haina, San Cristóbal, y acudió a un destacamento policial para denunciar las condiciones en las que presuntamente permanecían él y otros niños. La alerta provocó dos allanamientos en los que las autoridades localizaron 13 menores con edades entre aproximadamente tres meses y 13 años.
El Ministerio Público identificó como imputados a Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor” o “Capellán”, y Isaías Ramón Muñoz Rodríguez. Los acusa de presunto maltrato físico y psicológico y de trabajo o servicio forzado contra menores. La Fiscalía solicitó prisión preventiva y la audiencia fue fijada para este jueves 3 de septiembre en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.
El expediente describe acusaciones graves
Según la solicitud de medida de coerción citada por Diario Libre, el niño que escapó relató golpes, quemaduras, privación de alimentos, castigos prolongados y realización de labores. Los fiscales sostienen además que varios menores presentaban signos compatibles con maltrato físico y psicológico. Estas son acusaciones del Ministerio Público, no hechos judicialmente probados todavía, por lo que corresponde al tribunal determinar las responsabilidades penales.
La investigación también atribuye a Muñoz Rodríguez la presunta movilización de varios menores hacia otra vivienda después del arresto inicial de Capellán. El Ministerio Público pidió que ambos sean enviados preventivamente al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres mientras avanza el proceso.
El centro no tenía autorización para acoger niños
Uno de los elementos más delicados es que la organización no estaba habilitada por CONANI para funcionar como hogar de protección infantil. El expediente incluso recoge comunicaciones anteriores en las que CONANI solicitaba suspender el ingreso de menores y comenzar procesos de reinserción familiar.
CONANI ha explicado además que el establecimiento ya había sido intervenido anteriormente. Tras el operativo más reciente, diez menores permanecían bajo protección estatal y otros cuatro —incluido el menor que escapó dentro del total atendido— habían sido reunificados con sus madres, después de las evaluaciones correspondientes.
La pregunta que queda después del rescate
El caso también abre una discusión institucional: ¿cómo pudo volver a operar un lugar que ya había sido advertido e intervenido? CONANI sostiene que había comunicado las irregularidades y que el establecimiento nunca obtuvo habilitación. La investigación penal deberá centrarse en las responsabilidades individuales, mientras el sistema de protección infantil enfrenta otra pregunta: qué mecanismos deben impedir que una organización vuelva a recibir menores después de haber sido formalmente advertida.
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