La cifra registrada en apenas 23 días prácticamente duplica las 14 muertes reportadas durante todo septiembre de 2025. La Policía sostiene que en varios casos los buscados dispararon primero; mientras tanto, autoridades de Justicia y juristas plantean que cada actuación debe ser examinada individualmente.
La cifra subió nuevamente este miércoles
Las muertes ocurridas durante intervenciones de agentes de la Policía Nacional llegaron a 27 en lo que va de septiembre, después de dos nuevos casos registrados en El Seibo y Villa Riva. Un levantamiento de Diario Libre contrasta ese total con las 14 muertes registradas durante todo septiembre de 2025 en el Boletín Estadístico de Seguridad Ciudadana del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, adscrito al Ministerio de Interior y Policía.
Los casos más recientes corresponden a Javier Mercedes Severino, en El Seibo, y Pedro Núñez, en Villa Riva. De acuerdo con las versiones preliminares de la Policía, ambos eran buscados por las autoridades y habrían disparado contra los agentes durante los operativos, provocando una respuesta armada. Es importante presentar esas explicaciones como versiones institucionales, no como conclusiones judiciales definitivas sobre cómo ocurrieron los hechos.
El debate ya llegó al Ministerio de Justicia
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, declaró que las muertes deben ser analizadas caso por caso y admitió que es posible que en determinadas actuaciones los agentes hayan incurrido en excesos. Al mismo tiempo, señaló que existen situaciones en las que los policías responden a agresiones armadas y que no todos los episodios pueden evaluarse bajo una misma explicación.
El asunto también ha provocado una discusión más amplia sobre debido proceso, seguridad ciudadana y límites del uso de la fuerza. El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, sostuvo recientemente que garantizar el debido proceso no equivale a defender la impunidad y recordó que una persona acusada de hechos graves no pierde sus derechos constitucionales. Esa posición no determina la legalidad de ninguno de los casos recientes, pero sí establece el marco jurídico dentro del cual deben evaluarse.
Entregarse también aparece como alternativa
En medio de esta secuencia de operativos, dos jóvenes requeridos por las autoridades en Barahona se presentaron voluntariamente en el Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo acompañados por familiares y su abogado. El contraste es relevante porque muestra que no todas las búsquedas policiales terminan en enfrentamientos armados y mantiene abierta la discusión sobre procedimientos de captura, rendición y garantías para quienes son perseguidos por la justicia.
El dato central sigue siendo excepcional por su magnitud: antes de concluir septiembre, el número de fallecidos en intervenciones policiales prácticamente duplica el registrado durante el mismo mes completo del año anterior. Determinar si cada actuación fue legal y proporcional corresponde a las investigaciones competentes; lo que ya puede afirmarse es que la frecuencia de los casos ha convertido el uso de la fuerza policial en uno de los temas de seguridad pública que merece mayor seguimiento durante el cierre del mes.
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