El presidente aseguró que las reglas deben aplicarse por igual a empresas dominicanas y extranjeras, mientras la DGII mantiene decenas de procesos de fiscalización. Comerciantes locales hablan de competencia desleal y estudian un paro, pero las auditorías todavía no equivalen a una determinación de culpabilidad.
Abinader entra directamente en la controversia
El debate sobre el crecimiento de los comercios de capital chino en República Dominicana escaló este lunes hasta el Poder Ejecutivo. El presidente Luis Abinader afirmó desde Santiago que todas las empresas que operan en el país deben cumplir las mismas leyes, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios, y reveló que la Dirección General de Impuestos Internos mantiene más de 40 auditorías a empresas de capital chino.
La controversia se ha intensificado después de que organizaciones comerciales dominicanas denunciaran lo que consideran condiciones de competencia desiguales. Entre las preocupaciones planteadas aparecen impuestos, declaraciones de mercancías, inventarios, obligaciones laborales y otros requisitos regulatorios. Estas afirmaciones proceden de representantes del comercio organizado y deben distinguirse de irregularidades oficialmente comprobadas: una denuncia o una auditoría no demuestra por sí sola que una empresa haya violado la ley.
La DGII dice que la fiscalización no será exclusiva de un sector
Días antes de las declaraciones del presidente, el director de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, explicó que la institución analiza aspectos fiscales y el origen de mercancías dentro de sus procesos de fiscalización. Al mismo tiempo, aclaró que la supervisión no está dirigida exclusivamente a negocios cuyos propietarios sean chinos, sino a cualquier contribuyente que incumpla sus obligaciones. La posición expresada por la DGII es que el mismo estándar debe aplicarse a todos.
Esa aclaración es especialmente importante porque el debate involucra nacionalidad, comercio y competencia. La cuestión institucional no debería ser quién es propietario de un establecimiento, sino si cumple las mismas reglas tributarias, laborales, aduaneras y comerciales exigidas al resto de los participantes del mercado. La administración tendrá ahora que demostrar esa igualdad regulatoria mediante resultados documentados y procedimientos que respeten las garantías legales correspondientes.
Los comerciantes estudian elevar la presión
Mientras avanzan las fiscalizaciones, la Federación Dominicana de Comerciantes ha informado que evalúa convocar un paro nacional de 48 horas. La propuesta deberá ser discutida durante un pleno previsto para el 25 de septiembre, por lo que, hasta ahora, es más preciso hablar de un paro bajo consideración y no de una huelga nacional definitivamente convocada.
El conflicto abre así varias preguntas políticas: qué encontrarán las auditorías, si las autoridades modificarán o reforzarán mecanismos de fiscalización y si las organizaciones comerciales mantendrán su amenaza de paralización. El mensaje planteado por Abinader fija, al menos públicamente, el criterio con el que el Gobierno dice que abordará el asunto: la aplicación de la legislación debe depender del cumplimiento empresarial y no de la nacionalidad del propietario.
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