El proyecto fue aprobado de urgencia en dos lecturas consecutivas y con el respaldo de los 27 senadores presentes. Además de derechos humanos y competencia comercial, detrás de la iniciativa existe un asunto económico concreto: el arancel estadounidense aplicado a República Dominicana por esta materia.
El Senado lo aprobó en una sola jornada
El Senado dominicano aprobó este martes, durante una sesión celebrada en Bonao, el proyecto que establece mecanismos para prevenir, identificar, verificar y prohibir la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso. La pieza fue declarada de urgencia y aprobada en dos lecturas consecutivas; en la segunda recibió los votos favorables de los 27 senadores presentes. Ahora debe continuar su trámite en la Cámara de Diputados.
La propuesta fue presentada por el senador Félix Bautista y respaldada por otros legisladores. Su objetivo declarado es proteger los derechos fundamentales de trabajadores vinculados a cadenas internacionales de suministro y evitar que productos fabricados bajo condiciones de trabajo forzoso obtengan ventajas artificiales frente a empresas que cumplen las normas laborales.
RD ya había comenzado a actuar por decreto
El proyecto legislativo no parte de cero. En julio, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 502-26, mediante el cual facultó a la Dirección General de Aduanas a prohibir importaciones cuando se determine que fueron producidas mediante trabajo forzoso. El decreto también contempla reexportación, destrucción u otras medidas legales y ordena coordinación entre Aduanas, Trabajo, Ministerio Público, Industria y Comercio y Relaciones Exteriores.
La diferencia es institucionalmente importante: el decreto creó un procedimiento administrativo, mientras el proyecto aprobado por el Senado busca establecer esas prohibiciones y mecanismos dentro de una ley formal, lo que le otorgaría un marco legislativo más estable si completa el proceso congresual y posteriormente es promulgado.
Hay millones de dólares en juego en la relación con EE. UU.
La discusión tiene además una dimensión comercial. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluyó a República Dominicana entre las economías que, según su investigación, no habían establecido y aplicado suficientemente una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. En julio, Washington impuso aranceles bajo la Sección 301 y fijó una tasa del 12.5 % para las economías investigadas que no entraron en los grupos con tratamiento reducido, sujeto a determinadas excepciones por productos. República Dominicana figura entre las economías investigadas.
El senador Bautista ha sostenido que establecer la prohibición mediante ley puede fortalecer la posición dominicana para negociar la eliminación de ese costo adicional; anteriormente estimó el impacto potencial en unos US$182 millones anuales. Esa cifra y la expectativa de conseguir una reducción arancelaria corresponden al planteamiento del proponente y no constituyen todavía un resultado garantizado de la legislación.
El próximo paso está en Diputados
La aprobación del Senado no convierte todavía el proyecto en ley vigente. La Cámara de Diputados debe conocer la iniciativa y puede aprobarla, modificarla o seguir el procedimiento legislativo correspondiente. Solo después de completar ambas cámaras y el trámite constitucional ante el Poder Ejecutivo podría convertirse definitivamente en ley.
Por eso, la noticia tiene dos niveles que conviene separar: República Dominicana ya dispone de un mecanismo administrativo contra mercancías vinculadas al trabajo forzoso, pero el Congreso está ahora intentando convertir esa política en un régimen legislativo permanente. El resultado también será observado desde Washington porque toca directamente una de las razones utilizadas por Estados Unidos para imponer sus medidas comerciales de 2026.
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