Una auditoría de la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) ha puesto bajo escrutinio la administración de recursos destinados a una de las poblaciones más vulnerables del país.
La revisión identificó 15 servidores públicos vinculados al programa Familias de Cariño que también figuraban en nóminas de otras instituciones estatales, algunos con remuneraciones de hasta RD$200,000 mensuales. El informe también documenta operaciones de pago por más de RD$162 millones cuyos expedientes carecían de soportes requeridos, además de deficiencias en contrataciones y controles administrativos.
Un programa para adultos mayores bajo la lupa
El programa Familias de Cariño, administrado por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, fue diseñado para contribuir a la atención de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, una auditoría realizada por la Contraloría General de la República identificó situaciones que generan interrogantes sobre los controles utilizados para seleccionar beneficiarios y administrar los recursos públicos. La investigación, correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024, encontró que durante 2024 al menos 15 servidores públicos vinculados al programa también recibían salarios de otras instituciones estatales. De ellos, 12 figuraban como cuidadores de adultos mayores y otros tres aparecían registrados como envejecientes beneficiarios.
Servidores públicos cobraban en otras instituciones del Estado
Según el informe, los 12 cuidadores identificados recibían remuneraciones adicionales de otras entidades públicas, donde percibían salarios mensuales que oscilaban entre RD$30,000 y RD$155,000. Durante los meses de enero, junio y diciembre de 2024, seleccionados para la revisión, los auditores identificaron pagos mensuales del programa por RD$170,000 a ese grupo de cuidadores. Once recibían RD$15,000 y una persona RD$5,000, mientras sus salarios en otras instituciones sumaban RD$784,550.32 mensuales. La auditoría también identificó tres personas registradas como adultos mayores beneficiarios que figuraban en nóminas estatales con remuneraciones que alcanzaban hasta RD$200,000 mensuales. La Contraloría advirtió que estas situaciones representan riesgos de duplicidad de beneficios, inclusión de personas que podrían no cumplir los requisitos y utilización ineficiente de recursos destinados a asistencia social.
Más de RD$162 millones en operaciones con documentación incompleta
La revisión también detectó deficiencias en los expedientes de 35 operaciones de pago realizadas mediante cheques y libramientos, por un monto conjunto de RD$162,239,154.94. De esas operaciones, 20 correspondían a libramientos por RD$161,191,607.47 y otras 15 a cheques por RD$1,047,547.47. Los auditores señalaron la ausencia de documentos requeridos, incluyendo registros y certificaciones relacionados con proveedores del Estado, la Dirección General de Impuestos Internos y la Tesorería de la Seguridad Social. Es importante distinguir entre pagos sin documentación completa y dinero desaparecido: el informe identifica deficiencias que dificultan comprobar adecuadamente las operaciones, pero esos hallazgos no permiten concluir automáticamente que la totalidad de los recursos fue desviada o sustraída.
Expedientes de empleados y vehículos también presentan deficiencias
La auditoría examinó además la gestión de recursos humanos de CONAPE, institución que contaba con 1,345 empleados al cierre de diciembre de 2024. De una muestra de 114 expedientes de trabajadores activos, los auditores encontraron 111 sin contratos de trabajo o nombramientos y 101 sin cartas de no objeción del Ministerio de Administración Pública. También identificaron ausencias de certificados de estudios, constancias de buena conducta y otros documentos administrativos. En cuanto al parque vehicular, la inspección determinó que 15 de los 42 vehículos registrados a nombre de la institución no estaban debidamente rotulados. Adicionalmente, el informe observó que CONAPE no había presentado el título de propiedad correspondiente a la edificación donde funciona su sede.
CONAPE presentó un plan correctivo, pero los hallazgos seguían abiertos
La institución respondió a las observaciones mediante una comunicación fechada el 10 de marzo de 2026, acompañada de una matriz de acciones correctivas y documentación de respaldo. Según la información examinada, CONAPE informó que había definido medidas para fortalecer los controles internos y atender las deficiencias identificadas. No obstante, el informe de la Contraloría, fechado el 24 de marzo de 2026, clasificó los hallazgos como situaciones en proceso de subsanación. La documentación disponible no permite establecer que todas las observaciones hayan sido corregidas ni ofrece una explicación específica que justifique la inclusión de los 15 servidores públicos en Familias de Cariño. La Contraloría recomendó establecer cruces periódicos entre nóminas y bases de datos gubernamentales para prevenir duplicidades y verificar mejor la elegibilidad de los beneficiarios.
Un caso que reabre el debate sobre el uso de los recursos públicos
Los resultados de la auditoría, divulgados por Diario Libre el 17 de octubre, colocan nuevamente en discusión la transparencia administrativa, la supervisión de programas sociales y la responsabilidad de las instituciones que gestionan fondos destinados a sectores vulnerables. En el caso de CONAPE, el impacto potencial va más allá de los procedimientos contables: los recursos administrados deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de adultos mayores que necesitan asistencia y protección. El siguiente paso será determinar cuáles observaciones han sido efectivamente corregidas, si se establecieron responsabilidades administrativas y qué mecanismos permanentes de verificación han sido incorporados. Hasta que existan resultados adicionales, corresponde distinguir entre las irregularidades documentadas por los auditores y cualquier eventual determinación de responsabilidad individual.
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