El Gobierno dominicano presentó ante el Senado una propuesta legislativa que podría transformar la forma en que se construyen viviendas, se desarrollan proyectos inmobiliarios y se utilizan los terrenos en República Dominicana. La iniciativa contempla nuevas exigencias para garantizar servicios básicos, proteger zonas vulnerables y organizar el crecimiento de las ciudades.
Santo Domingo, República Dominicana. — El Poder Ejecutivo depositó el jueves 22 de octubre de 2026 ante el Senado de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), una iniciativa que busca establecer reglas para organizar el crecimiento urbano, orientar las inversiones y proteger los recursos naturales del país. La propuesta fue entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y procura complementar la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. De aprobarse, el nuevo marco legislativo tendría implicaciones para las instituciones públicas, los gobiernos municipales, los desarrolladores inmobiliarios y las comunidades.
Nuevas exigencias para construir viviendas y desarrollar proyectos
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que los instrumentos de planificación territorial deberán garantizar el acceso a servicios esenciales antes de autorizar nuevos desarrollos residenciales. Esto incluye disponibilidad de agua potable, drenaje pluvial, movilidad, manejo de residuos y condiciones adecuadas para la población. También se plantea reservar espacios para parques, escuelas y otros equipamientos comunitarios. Además, los proyectos públicos o privados de gran escala estarían sujetos a una Evaluación de Impacto Territorial, mecanismo que permitiría examinar su compatibilidad con las características y necesidades de cada zona. Estas disposiciones todavía son propuestas legislativas y no deben interpretarse como prohibiciones generales que ya estén vigentes.
Protección de zonas vulnerables y prevención de desastres
La iniciativa incorpora criterios relacionados con la gestión de riesgos, la protección ambiental y la adaptación al cambio climático. Entre sus disposiciones figura la restricción de autorizaciones para construir en áreas protegidas y terrenos identificados con riesgos que no puedan reducirse mediante medidas razonables de mitigación. También contempla programas de reubicación progresiva para asentamientos humanos vulnerables, con atención a las garantías correspondientes para las familias afectadas. Estas medidas buscan reducir la exposición de comunidades a inundaciones, deslizamientos y otras amenazas, especialmente en territorios donde la expansión urbana ha avanzado sin suficiente planificación.
¿Qué significaría para el turismo y el desarrollo de las provincias?
El nuevo plan también podría tener consecuencias para el desarrollo turístico y económico de República Dominicana. La propuesta busca proteger las fuentes de agua, preservar áreas naturales y orientar las inversiones hacia territorios con condiciones apropiadas para recibir nuevas actividades productivas. Entre los corredores estratégicos contemplados se encuentran la Costa Atlántica, entre Puerto Plata y Samaná; la Zona Este, que vincula San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo e Higüey; y el corredor Central, entre Santiago y Santo Domingo. Para el sector turístico, una planificación territorial más organizada podría contribuir a reducir conflictos por el uso del suelo, mejorar la infraestructura y promover desarrollos compatibles con el entorno natural. Estos beneficios dependerán de la versión finalmente aprobada y de su aplicación efectiva.
Más de 60 planes municipales y un nuevo debate en el Congreso
Durante la entrega del proyecto, Paliza informó que el Ministerio de la Presidencia participa en la formulación de más de 60 planes municipales de ordenamiento territorial. Según explicó el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, la propuesta nacional es resultado de un proceso de trabajo desarrollado durante más de cinco años. Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, manifestó la disposición de dar seguimiento a la iniciativa y facilitar su conocimiento público. El proyecto deberá agotar el procedimiento legislativo correspondiente, durante el cual podrían introducirse modificaciones a su contenido. Hasta que complete ese proceso y sea promulgado conforme a la Constitución, las nuevas disposiciones propuestas no tendrán carácter de ley vigente.
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