Una propuesta internacional presentada durante la cumbre climática COP31 busca aprovechar parte del dinero que los emigrantes envían a sus países para crear un fondo permanente destinado a enfrentar los efectos del cambio climático. República Dominicana figura entre los cuatro primeros países contemplados en esta iniciativa, que todavía se encuentra en fase de desarrollo y no representa un nuevo cargo obligatorio sobre las remesas.
República Dominicana aparece en un proyecto internacional de financiamiento climático
Turquía. — Representantes de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) trabajan en una iniciativa que busca establecer nuevas fuentes de financiamiento para proteger a sus poblaciones e infraestructuras frente al cambio climático. La propuesta fue divulgada durante la conferencia COP31, celebrada del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía, y contempla crear una plataforma financiera vinculada con el envío de remesas desde el extranjero. De acuerdo con información obtenida por la agencia Reuters, la primera etapa incluiría a República Dominicana, Haití, Jamaica y Guyana. El objetivo es generar recursos permanentes para proyectos de adaptación climática, reduciendo la dependencia de donaciones internacionales y préstamos que pueden aumentar el endeudamiento de los países vulnerables.
¿Cómo funcionaría el mecanismo propuesto con las remesas?
El planteamiento consiste en desarrollar una plataforma de transferencias internacionales que cobraría una comisión del 3 % por operación. Según los documentos revisados por Reuters, ese porcentaje sería inferior a los costos promedio de aproximadamente 5 % a 9 % registrados en los mercados analizados. Una vez descontados los gastos operativos, entre 2 y 2.5 puntos porcentuales de cada transferencia se destinarían a constituir un fondo patrimonial permanente, cuyo capital sería invertido para generar rendimientos. La propuesta establece que el 85 % de los rendimientos disponibles financiaría medidas de resiliencia climática, mientras que el resto se reservaría para atender desastres. Es importante aclarar que esta iniciativa todavía no está implementada: no se ha aprobado una nueva comisión obligatoria del 3 % sobre las remesas enviadas a República Dominicana.
Un fondo que podría movilizar miles de millones de dólares
Los representantes de los pequeños Estados insulares estiman que las remesas recibidas por las comunidades contempladas en su análisis alcanzaron aproximadamente US$22,000 millones en 2023. Su planteamiento busca captar progresivamente una parte de esos flujos mediante la futura plataforma. En un escenario financiero de referencia, el fondo patrimonial podría acumular alrededor de US$2,590 millones durante sus primeros diez años. Con aportaciones complementarias y otras fuentes de ingresos, los activos podrían alcanzar US$5,530 millones y producir unos US$306 millones anuales de recursos distribuibles. Los promotores también consideran que mecanismos de garantía y otras herramientas financieras podrían facilitar la movilización de hasta US$3,130 millones por año. Estas cantidades son proyecciones sujetas al diseño, aprobación, participación y desempeño del proyecto, no fondos disponibles actualmente.
¿Por qué esta propuesta resulta importante para República Dominicana?
La inclusión del país adquiere relevancia por el peso económico de las remesas y por su exposición a fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, erosión costera y otros riesgos climáticos. Según el Banco Central de la República Dominicana, entre enero y septiembre de 2026 el país recibió US$9,489.8 millones en remesas, un incremento de US$577 millones, equivalente al 6.5 %, respecto al mismo período de 2025. Solamente en septiembre ingresaron US$1,057.1 millones. La magnitud de estos recursos demuestra la importancia de la diáspora dominicana en la economía nacional. Si el mecanismo propuesto llegara a implementarse, podría convertirse en una vía adicional de financiamiento climático; sin embargo, todavía no se han identificado ni aprobado proyectos específicos para República Dominicana dentro de esta iniciativa.
¿Cuándo podría comenzar y cuáles países participarían?
La iniciativa fue desarrollada con apoyo del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED). Sus promotores contemplan una implementación gradual: República Dominicana, Haití, Jamaica y Guyana participarían en la primera etapa; posteriormente se incorporarían Fiyi, Samoa y Tonga, seguidos por Comoras, Cabo Verde y Mauricio. El embajador de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas, Walton Webson, explicó a Reuters que los representantes insulares han mantenido conversaciones preliminares con bancos de desarrollo y prevén nuevos encuentros para avanzar en el diseño del proyecto. La intención es conseguir progresos antes de la COP32 de 2027. Por ahora, la propuesta permanece en discusión y todavía requiere acuerdos institucionales, definiciones operativas y mecanismos de supervisión antes de convertirse en una plataforma financiera funcional.
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