La crisis de seguridad en Haití entra en una nueva fase con el despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños en Puerto Príncipe. La operación, impulsada por el presidente Nayib Bukele después de la desaparición de cuatro técnicos militares de su país, ya incluye patrullajes, vehículos blindados y apoyo aéreo. Mientras las autoridades aseguran que el objetivo inmediato es rescatar a los desaparecidos y combatir a las bandas, aumentan las preguntas sobre el alcance de la misión, la protección de los civiles y hasta dónde llegará la participación de El Salvador.
Soldados salvadoreños comienzan a patrullar las calles de Puerto Príncipe
Haití. — Decenas de militares de El Salvador comenzaron a patrullar sectores de Puerto Príncipe como parte de una operación desplegada después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños que participaban en la Fuerza de Supresión de Pandillas. Los primeros recorridos documentados se realizaron en áreas de Tabarre, al noreste de la capital haitiana, cerca de Croix-des-Bouquets, así como en las proximidades del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. Los soldados fueron observados desplazándose en vehículos blindados y camiones, con apoyo de helicópteros. La magnitud del despliegue representa una ampliación significativa de la participación salvadoreña en Haití. El presidente Nayib Bukele afirmó que más de 2,000 efectivos de su país ya habían sido enviados para apoyar la búsqueda, cifra también reportada por agencias internacionales. El contingente incluye unidades de fuerzas especiales y constituye una de las mayores movilizaciones extranjeras realizadas en Haití desde el fin de la misión de estabilización de Naciones Unidas que operó en el país entre 2004 y 2017. Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre la duración exacta de la operación y la estructura bajo la cual actuarán todas las unidades desplegadas.
Todo comenzó con una emboscada contra cuatro técnicos militares el 18 de octubre
La operación tiene su origen en un ataque ocurrido el 18 de octubre de 2026, cuando cuatro técnicos de aviación salvadoreños de la Fuerza de Tarea Libertad II fueron emboscados mientras regresaban a su campamento en un vehículo blindado en las afueras de Puerto Príncipe. De acuerdo con información presentada posteriormente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, grupos fuertemente armados atacaron el vehículo con armas de fuego y explosivos y posteriormente le prendieron fuego. Desde entonces, los cuatro militares permanecen desaparecidos y las autoridades salvadoreñas han manifestado que su prioridad es encontrarlos con vida. La desaparición provocó una rápida ampliación de los recursos enviados por El Salvador y convirtió un incidente operativo en una crisis internacional de mayor dimensión. Bukele ha afirmado que la misión no constituye una invasión y que su país no pretende controlar territorio haitiano. También ha asegurado que el despliegue puede utilizar la experiencia salvadoreña contra las pandillas para apoyar a Haití. Esa comparación, sin embargo, es objeto de debate entre especialistas, debido a que la situación haitiana incluye instituciones debilitadas, grandes extensiones de territorio bajo influencia de grupos armados, desplazamientos masivos y estructuras criminales diferentes a las que enfrentó El Salvador.
La misión internacional tiene autorización de la ONU, pero el nuevo despliegue genera preguntas
La Fuerza de Supresión de Pandillas que opera en Haití cuenta con respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y fue concebida para apoyar a la Policía Nacional Haitiana y a las Fuerzas Armadas del país en operaciones dirigidas contra organizaciones criminales. Su mandato permite realizar operaciones basadas en inteligencia, proteger infraestructura crítica y apoyar el acceso humanitario, siempre dentro del derecho internacional y respetando la soberanía haitiana. Naciones Unidas autorizó una capacidad máxima de 5,550 integrantes y posteriormente extendió el mandato de la fuerza hasta el 31 de marzo de 2027. El Salvador ya participaba en este mecanismo antes del ataque de octubre. Sin embargo, la llegada acelerada de más de 2,000 soldados salvadoreños ha generado dudas sobre si todas las unidades adicionales actuarán directamente dentro de la estructura ordinaria de la fuerza multinacional o mediante arreglos paralelos coordinados con el Gobierno haitiano. Reuters ha informado que todavía existen interrogantes sobre la cadena de mando, las reglas de enfrentamiento y la duración de esta ampliación. Estas cuestiones son importantes porque determinan quién autoriza las operaciones, qué mecanismos de supervisión existen y cómo se protege a la población civil durante acciones desarrolladas en zonas densamente pobladas.
Denuncias de ataques, desmentidos de Bukele y una inesperada petición de diálogo
La escalada también ha producido acusaciones y versiones contrapuestas que deben tratarse con cautela. Una organización haitiana acusó a fuerzas salvadoreñas de realizar supuestos bombardeos contra zonas civiles, afirmación que Bukele negó públicamente. El mandatario argumentó que los helicópteros de ataque mencionados en la denuncia llegaron a Haití después de la fecha en que supuestamente habrían ocurrido algunos de los hechos descritos y aseguró que, hasta ese momento, no habían realizado misiones de combate. La denuncia no ha sido confirmada de manera independiente por organismos internacionales. En otro giro de la crisis, el jefe de la banda 400 Mawozo, conocido como Lanmò San Jou, solicitó mediante una comunicación atribuida a su organización la mediación de Naciones Unidas para iniciar un diálogo. El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa por información que conduzca a su captura debido a su presunta participación en delitos graves, incluyendo secuestros. Por esta razón, su petición debe interpretarse como la posición de un líder criminal y no como una iniciativa de paz reconocida oficialmente. Hasta el 2 de noviembre, no existe confirmación de que Naciones Unidas haya aceptado una negociación con esa organización.
Por qué lo que ocurre en Haití merece especial atención en República Dominicana
La evolución de la crisis haitiana tiene una importancia particular para República Dominicana debido a que ambos países comparten la isla La Española y una frontera terrestre de casi 400 kilómetros. Los acontecimientos en Puerto Príncipe pueden generar efectos relacionados con seguridad, migración, comercio fronterizo y estabilidad regional. Al mismo tiempo, la situación política haitiana continúa siendo frágil. Las elecciones presidenciales y legislativas, que estaban previstas para diciembre de 2026, fueron nuevamente aplazadas y su primera vuelta está programada ahora para julio de 2027. Naciones Unidas sostiene que las operaciones de seguridad, por sí solas, no serán suficientes para estabilizar el país y ha pedido combinar la recuperación territorial con instituciones funcionales, servicios básicos, justicia y programas que permitan a jóvenes abandonar las organizaciones criminales. Para República Dominicana, el desarrollo de la operación salvadoreña será especialmente importante durante las próximas semanas: no solamente por el destino de los cuatro militares desaparecidos, sino porque podría determinar si la llegada de nuevos efectivos logra debilitar a las bandas o provoca una fase de confrontación más intensa. La situación continúa evolucionando rápidamente y cualquier afirmación sobre una derrota definitiva de los grupos armados sería, por ahora, prematura.
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